El acuerdo pone en riesgo y violenta los derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano y el principio de legalidad ya que genera una obligación hacia los y las servidoras públicas para realizar sus funciones de forma ilegal.

Este acuerdo viola el principio de división de poderes, ya que pretende imponerse indebidamente sobre Leyes emanadas del Congreso de la Unión (art. 49 de La Constitución), así como también a diversos tratados y acuerdos internacionales.

Al ser considerados los proyectos como asunto de Seguridad Nacional se permite al Gobierno reservar la información generada durante el tiempo que lo desee, lo que impide a la ciudadanía exigir justicia ambiental como lo establece el Acuerdo de Escazú.

La sociedad civil, la academia, las organizaciones y la ciudadanía en general debe seguir impulsando y exigiendo otras visiones y otras lógicas de desarrollo que ayuden a revertir el marco del extractivismo, además de exigir la cero tolerancia a la violación de derechos humanos.