La principal dificultad que enfrentamos es la limitada capacidad de los laboratorios para medir ciertos parámetros de calidad, además de la ausencia de la autoridad de fiscalización en los procesos de verificación. Mientras la empresa hace esfuerzos constantes por controlar los parámetros y garantizar la veracidad de sus resultados, no se observa un nivel de compromiso equivalente por parte del ente fiscalizador.

La seguridad hídrica depende de una combinación equilibrada entre cantidad, calidad e infraestructura. Si falta alguno de estos tres elementos, no podemos garantizar la disponibilidad del recurso. Actualmente, enfrentamos múltiples factores que ponen en riesgo esta disponibilidad: el deterioro ambiental, el cambio climático, la crisis económica y, en el caso de Argentina, un marco institucional marcado por las privatizaciones.

Se ha ampliado el alcance de nuestro reglamento de calidad para fortalecer las acciones de fiscalización, incorporando dos aspectos clave: 1) un procedimiento para garantizar la eficacia de la desinfección del agua mediante el control del cloro residual, y 2) la exigencia a las empresas de implementar equipos de medición remota de la calidad a la salida de las plantas de tratamiento, cuyos resultados deben ser reportados directamente a la SUNASS.